La noticia que avanzamos ayer sobre la reapertura de la investigación del vil ametrallamiento del joven guardia civil Antonio Ramírez y su prometida, Hortensia González, en Beasin en 1979 es un caudal de esperanza para más de 300 familias rotas por el terrorismo etarra. Esa fatídica madrugada del día de Reyes, el cuerpo de Antonio cayó sobre la bocina de su Renault 5 naranja y esta sonó durante veinte minutos sin que absolutamente nadie los socorriera. Ese pitido, largo, constante y sin respuesta, es una metáfora del abandono que han sufrido las víctimas, un grito desesperado. Eran unos años en los que parecía que había que pedir perdón por que te mataran. Perdone usted, señor «gudari», por interponer mi nuca en su nueve milímetros parabellum.
Un ministro del Interior de los años más duros me dijo, recordando las llamadas que recibía con cada atentado, que «parece cínico, pero el Estado puede soportar un cierto nivel de violencia». La prueba es que el Estado ha ganado la guerra a ETA y ellos están buscando al bobo que apague la luz. Pero el Estado se compone de personas, y son casi mil familias las que pusieron los muertos. Éstas no pueden soportar, como el Estado, el nivel de violencia de haber enterrado a un hermano, un padre, una hija…
Aun menos las familias que protagonizan estos días las páginas de ABC, aquellas que ni siquiera saben quién mató a los suyos. A mí ETA no me ha matado nadie directamente, pero cuando Diego, el hermano de Antonio, me contó que lleva a su madre al cementerio con el mismo coche en el que acribillaron a su hijo, «porque es el único en el que no se marea», y que su padre tuvo que pagar la reparación de su bolsillo, vi con claridad que Antonio también es un muerto mío y de cualquier persona decente. Es una obligación moral y legal intentar hacer algo para aliviar el sufrimiento de estas familias, para que la bocina sobre la que se desplomó el joven guardia civil deje de sonar 38 años después.
.png)
No hay comentarios:
Publicar un comentario