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sábado, 16 de septiembre de 2017



A las 7:55 horas del viernes 16 de septiembre de 1983, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Urnieta (Guipúzcoa) al policía nacional PABLO SÁNCHEZ CÉSAR mientras esperaba la llegada del tren para trasladarse al cuartel de San Sebastián donde prestaba servicio. Todas las mañanas, a la misma hora, el agente hacía el mismo trayecto hasta el apeadero del tren para dirigirse al cuartel. Ese día, Pablo Sánchez se dio cuenta de que tres individuos, que le resultaron sospechosos, se acercaban a él, por lo que intentó protegerse en el edificio de la estación. Sin embargo, el agente, que iba desarmado y vestía de paisano, fue alcanzado por disparos de un subfusil y rematado con un disparo en la cabeza por uno de los terroristas, que actuaron a cara descubierta.

Los disparos de los terroristas provocaron el pánico entre las numerosas personas que esperaban en los andenes la llegada del tren. Tras el asesinato, los terroristas huyeron en un taxi estacionado en las proximidades. El vehículo había sido robado en Hernani una hora antes a su propietario, el taxista Manuel Garayar Otegui, que relató posteriormente que, cuando estaba en la parada, se le acercaron dos individuos que le dijeron en euskera: "Somos de ETA, entre en el coche".

En el lugar de los hechos la Policía Municipal de Urnieta encontró siete casquillos de bala marca FS, del calibre 9 milímetros parabellum.

El cuerpo de Pablo Sánchez César fue trasladado a las nueve y media de la mañana al cementerio donostiarra de Polloe, después de que el juez ordenara el levantamiento del cadáver. Una vez practicada la autopsia, los restos mortales del agente fueron conducidos al Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa donde se instaló la capilla ardiente.

El lehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, presidió por la noche del mismo día del atentado, junto al ministro del Interior, José Barrionuevo y el presidente de la Junta de Extremadura, el funeral por el alma de Pablo, que se celebró en Urnieta. La ceremonia religiosa se inició con un retraso considerable porque tuvieron que esperar a que los padres del policía llegasen desde Badajoz.

Finalizado el acto Garaikoetxea y Barrionuevo se trasladaron al apeadero de Urnieta, el lugar del atentado. Allí, el lehendakari manifestó que el asesinato del policía nacional era igual de brutal que todos los demás. "Como nacionalista vasco y como lehendakari de este pueblo, quiero expresar una vez más mi dolor y repugnancia, sentimientos que he sentido siempre y que transmito en nombre de mi pueblo al presidente de la Junta de Extremadura".

En 1986 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui y José Antonio Pagola Cortajarena, miembros del grupo Donosti de ETA, a sendas penas de 29 años de reclusión mayor por un delito de atentado con resultado de muerte.

Pablo Sánchez César tenía 24 años de edad, estaba casado con Amalia García Mora y era padre de una niña de 13 meses. Natural de Badajoz, estaba destinado desde dos años antes de su asesinato en el cuartel de la Policía Nacional de Aldapeta, en San Sebastián. Desde un año antes vivía en Urnieta con su mujer, sus suegros y su hija. El sábado 17 de septiembre más de dos mil personas asistieron en Hoyos (Cáceres), localidad natal de la esposa de Pablo, a un segundo funeral y al entierro del agente asesinado. El cadáver había sido trasladado en avión desde San Sebastián hasta la base aérea de Talavera la Real y desde allí, por carretera, hasta Hoyos, donde fue recibido por la corporación municipal en pleno y miembros de la Guardia Civil. Prácticamente todo el pueblo desfiló por la capilla ardiente, instalada en el Ayuntamiento. En el funeral, oficiado por el cura párroco de la localidad, estuvieron presentes el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; el gobernador civil de Cáceres, autoridades locales y militares, además de policías nacionales y guardias civiles desplazados desde Cáceres, Badajoz, Salamanca y Valladolid. La esposa, padres y ocho hermanos del policía asesinado se negaron a hacer declaraciones, dejando como portavoz a la alcaldesa de Hoyos, Asunción Merino, que transmitió esta frase de los familiares: "Por favor, que se arregle esta situación. Ya está bien que cada día caiga un hombre por la Patria". Amalia y su hija fijaron su residencia en Hoyos tras el asesinato de Pablo. El 16 de marzo de 2001 el Consejo de Ministros concedió, a título póstumo, la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a diez personas que perdieron la vida en atentados de ETA, entre ellos a Pablo Sánchez César.




El 16 de septiembre de 1991 dos policías municipales, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ VARGAS y VÍCTOR MANUEL PUERTAS VIERA, y el conductor de la grúa municipal, FRANCISCO CEBRIÁN CABEZAS, fueron asesinados por la banda terrorista ETA al estallar un coche-bomba que trasladaban a un depósito de vehículos en Muchamiel (Alicante).

La banda terrorista ETA quiso repetir ese 16 de septiembre la salvajada que tres meses y medio antes, el 29 de mayo, había perpetrado en la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic (Barcelona), o la que cuatro años antes había cometido contra el acuartelamiento de Zaragoza, el 11 de diciembre de 1987. Esta vez el objetivo era cometer una masacre en la casa cuartel de la Benemérita en Muchamiel, donde vivían seis guardias civiles, tres de los cuales estaban casados y residían allí con sus familias, de los que cinco eran niños pequeños. Junto al edificio se encontraba, además, el Colegio Público El Salvador, cuyos alumnos iniciaban las clases en la mañana de 16 de septiembre. Pero nada de eso fue un impedimento para que la banda de asesinos pusiese en el punto de mira el acuartelamiento de Muchamiel.

Para cometer el atentado, los asesinos de la banda trasladaron a la localidad alicantina un coche robado meses atrás en el País Vasco. Tras cargarlo con una potente bomba, el coche fue lanzado sin conductor contra la casa cuartel, con una barra antirrobo en el volante para orientar la dirección, el contacto puesto y una marcha metida. Sin embargo, el coche no se dirigió hacia la casa cuartel, sino que se estrelló contra la fachada de una sucursal bancaria, en la acera opuesta de la avenida Carlos Soler donde estaba el acuartelamiento de la Guardia Civil.

Tras fallar en el objetivo, los terroristas no accionaron el iniciador del artefacto explosivo por lo que, cuando el director de la oficina bancaria llegó al trabajo a las ocho de la mañana, avisó a los agentes de la Guardia Civil que en esos momentos abrían la puerta de la casa cuartel.

Minutos después, se personaron en el lugar dos policías locales que llamaron a una grúa para trasladar el vehículo al depósito, un solar al aire libre situado a unos doscientos metros del cuartel.

Hacia las 9:40 horas, cuando estaban bajando el vehículo, estalló la bomba matando en el acto a Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa, y a los policías municipales José Luis Jiménez Vargas y Víctor Manuel Puertas Viera. Ni el director de la oficina bancaria, ni la Guardia Civil, ni los policías municipales sospecharon en ningún momento que el vehículo fuese un coche-bomba cargado con 50 kilos de explosivo, sino que creyeron que se trataba de un accidente de tráfico.

Además de las tres víctimas mortales, cuatro personas resultaron heridas de gravedad: María del Carmen López Amador, incapacitada durante 330 días; María África Antón González, impedida 331 días; Felisa Azor Troyano, que no recibió el alta médica hasta 470 días después, y Juan Capella Valls, que tardó 158 días en curar sus heridas. Otras treinta y seis personas, entre ellas Noelia Berenguer, un bebé de un mes, resultaron heridas de diversa consideración y precisaron de atención médica.

La explosión provocó también cuantiosos estragos materiales en los vehículos e inmuebles de los alrededores, cuyas estructuras, ventanas y balcones quedaron seriamente afectados por la onda expansiva. Todos los cristales estallaron y quedaron destrozados los toldos y persianas de muchos edificios.

Por la tarde se instaló la capilla ardiente en la Iglesia arciprestal de El Salvador en Muchamiel. Unas seiscientas personas acudieron al funeral por los tres fallecidos, que fue oficiado por el obispo de Orihuela-Alicante, Francisco Álvarez Martínez. Al día siguiente se celebró en el mismo lugar un segundo acto religioso, concelebrado por doce sacerdotes, al que asistieron entre otras autoridades el ministro del Interior, José Luis Corcuera, el presidente de la Generalidad de Valencia, Joan Lerma, y el director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Más de diez mil personas asistieron a la misa en un ambiente de consternación y rabia contra la barbarie de la banda terrorista.

En enero de 2007 el Ayuntamiento de Muchamiel aprobó por unanimidad dar a tres calles de esa localidad alicantina los nombres de los asesinados en este atentado. "Todos recordamos lo sucedido y este gesto era algo que estaba pendiente con ellos y con sus familiares", manifestó Josep Antoni Miquel, portavoz del grupo socialista en la corporación municipal, el día que se aprobó la moción.

El recorrido judicial de este atentado fue largo, celebrándose el primer juicio en 1995. Ese año la Audiencia Nacional condenó a Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun a sendas penas de 136 años de prisión como autores de los delitos de utilización ilegítima de vehículos de motor, sustitución de placas de matrícula, tenencia de explosivos y como cooperadores necesarios de un delito de atentado, tres de asesinato, cuatro de lesiones y uno de terrorismo. El tribunal consideró hechos probados que los dos etarras robaron en junio de 1991 en Zarauz (Guipúzcoa) un Ford Fiesta y que, tras cargarlo de explosivos en una lonja preparada al efecto en Oyarzun, le cambiaron la matrícula por otra falsa y lo entregaron a los miembros del grupo Levante de ETA.

En 1999, la Audiencia Nacional condenó al etarra Fernando Díez Torres a 38 años de cárcel. Este etarra fue quien facilitó a los miembros de la banda la infraestructura necesaria para cometer diversos atentados en las provincias de Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante y Murcia entre finales de 1991 y marzo de 1992. En el año 2002 fueron condenados por la Audiencia Nacional José Luis Urrusulo Sistiaga e Idoia López Riaño que, como integrantes del grupo Ekaitz de ETA, cometieron diversos atentados terroristas durante el mismo período de tiempo que Díez Torres y en las mismas provincias. La sentencia les impuso sendas penas de 38 años de prisión por los delitos genéricos de pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de explosivos y armas, y por falsedad documental.

Francisco Cebrián Cabezas, conductor de la grúa municipal, tenía 40 años. Natural de Cedrillas (Teruel) ingresó en la Guardia Civil, siendo destinado al cuartel de San Juan (Alicante), según publicó el diario Información (17/09/1991). Allí conoció a una vecina de Muchamiel, con la que se casó y tuvo cuatro hijos, que en el momento de su asesinato tenían entre 17 y 8 años. Posteriormente se licenció de la Benemérita y montó una fábrica de hilatura junto a otro socio.

Cuando fue asesinado, Francisco era propietario de la grúa que tenía arrendado el servicio de recogida de vehículos en Muchamiel. Fue enterrado en el cementerio del pueblo. Tres días después del asesinato, el padre de Francisco contó qué sentía tras perder a su hijo: "Qué te puedo decir, que Francisco era un hombre bueno, que era muy de su casa, que por suerte o por desgracia todos en la familia somos de la Guardia Civil y mira por dónde nos ha ido a tocar la china ahora cuando él creía que ya podría vivir tranquilo. No sé, sólo siento que me han quitado a mi hijo y pienso en mis pobres nietos" (Información, 19/09/1991).

José Luis Jiménez Vargas, policía municipal de 28 años, no estaba casado pero tenía novia. Entre sus funciones como agente municipal estaba regular el tráfico en las inmediaciones del colegio público de educación primaria El Salvador situado a escasos metros de la casa cuartel de la Guardia Civil. Los restos mortales de José Luis fueron enterrados en el cementerio de Muchamiel, donde residía.




Víctor Manuel Puertas Viera, policía municipal de 21 años, ocupaba una plaza como interino desde dos años antes de ser asesinado. Era vecino de Alicante, donde fueron enterrados sus restos mortales. Pese a su juventud, había sido voluntario de la Cruz Roja y, tras cumplir el Servicio Militar, colaboró con la organización en el área de salvamento marítimo y socorrismo. Dos de sus hermanos pertenecían también a la Policía Municipal (La Verdad, 18/09/1991).



A las 17:20 horas del 16 de septiembre de 1993, la banda terrorista ETA asesinaba en Andoain (Guipúzcoa) al subteniente de la Guardia Civil retirado JUVENAL VILLAFAÑE GARCÍA mediante una bomba colocada bajo el asiento del conductor de su vehículo particular que explotó nada más poner en marcha el coche.

El atentado se produjo en las proximidades de su domicilio en Andoain. La explosión arrojó a la víctima a la calzada, que quedó con la mitad inferior de su cuerpo completamente destrozada y una pierna prácticamente amputada. Una ambulancia de la Cruz Roja lo trasladó a la residencia Nuestra Señora de Aránzazu, de San Sebastián, donde ingresó cadáver.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) señaló en un comunicado que "sobra la intolerancia y el fanatismo: sobra ETA", añadiendo que, "a buen seguro, los miembros de KAS de Euskal Herria, y más en concreto los de Andoain, aplauden y jalean este tipo de atentados, aunque sea en la intimidad. Tienen que saber que tarde o temprano serán descubiertos". Un día antes del asesinato de Juvenal Villafañe, el proetarra Jon Idígoras (Herri Batasuna) había avisado de que los atentados de ETA seguirían hasta que se cambiara la Constitución y se reconociera el derecho de autodeterminación de los vascos. También advertía que, aunque se produjesen detenciones de miembros de ETA, "la situación social permite que ETA se pueda regenerar rápidamente".
El asesinato de Juvenal Villafañe, reivindicado por la banda terrorista ETA en un comunicado publicado en Egin el día 28 de septiembre, ha quedado impune.

Juvenal Villafañe García, de 78 años, era vecino de Andoain desde veintiséis años antes, aunque había nacido en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas en 1915. A principios de la década de los sesenta fue destinado al cuartel de la Guardia Civil de Andoain, por lo que los vecinos del pueblo le apodaban "el sargento". En septiembre de 1968 se retiró de la Guardia Civil y trabajó durante una década como funcionario de la Diputación de Guipúzcoa. Desde que se jubiló se dedicaba a tramitar licencias de caza y pesca, pasaportes y todo tipo de documentación para los vecinos de Andoain, por lo que era muy conocido en la localidad. Juvenal Villafañe estaba casado, era padre de tres hijas y abuelo de un nieto. Sus restos mortales fueron enterrados en Islares (Cantabria), localidad natal de su viuda, la tarde del 18 de septiembre. Ese mismo día, Blanca Villafañe, una de las tres hijas de la víctima, declaró que ella perdonaría a los asesinos de su padre "si sintiesen que necesitan ser perdonados, pero como no lo van a sentir, no se me ocurre hablar de perdón". A lo que añadió que los que habían asesinado a su padre - "un padrazo, el mejor marido del mundo y una buena persona"-, "ni son gente ni son personas, son bestias" (ABC, 18/09/1993). - Fuente:



lunes, 21 de agosto de 2017

José Luis López de la Calle. Periodista vasco asesinado por ETA

Reportaje dedicado a la figura de José Luis López de la Calle, periodista vasco asesinado por la banda terrorista ETA. Homenaje a todos los periodistas vascos asesinados, amenazados, exiliados y chantajeados por la banda terrorista ETA y sus cómplices políticos.


LOS ESTATUTOS DEL SER HUMANO

“Queda decretado que ahora vale la vida,
que ahora vale la verdad,
y con las manos juntas...
todos trabajaremos por la vida verdadera.


Queda decretado que todos los días,
inclusive los martes más grises
tienen su derecho a convertirse
en mañanas de domingo.

Queda decretado que los Seres Humanos,
nunca más dudarán de ellos.
Confiarán como un niño en otro niño,
como la palmera en el viento,
como el viento en el aire,
como el aire confía en el campo azul del cielo.

Queda decretado que los Seres Humanos
se libren del yugo de la mentira
y de la coraza del silencio y la cerradura de las palabras.

 Se sentarán a la mesa con la mirada limpia
porque la verdad se servirá antes del postre.

 Queda prohibido el uso de la palabra Libertad,
se suprimirá de los diccionarios
y del pantano engañoso de las bocas
y será algo vivo y transparente
como un fuego o un río
o como la semilla del trigo y su morada
será siempre el corazón del Ser Humano”.

Letra: Thiago de Mello

ETA ha asesinado a 38 políticos desde 1968, a 22 de ellos en los últimos trece año




La banda terrorista ETA ha asesinado a un total de 38 políticos desde 1975, fecha en la que asesinó al entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Buena parte de estos asesinatos de políticos, un total de 22, incluyendo al ex concejal del PSE de Mondragón, Isaías Carrasco, los ha cometido en los últimos trece años, aunque la mayoría de ellos, 21, estuvieron concentrados entre 1995 y 2003.

Desde el año 1968 hasta 1995, en que ETA comenzó a incluir en su estrategia violenta a los concejales del PP y del PSOE como objetivos, la banda terrorista asesinó a 16 políticos, los dos últimos, en 1984, uno de ellos era el senador socialista Enrique Casas.
Durante los once años siguientes, la clase política no registró atentados de la banda, pero el 23 de enero de 1995 Valentín Lasarte reanudó esta ofensiva con el asesinato de Gregorio Ordóñez en San Sebastián, mediante varios disparos en la cabeza. Desde entonces, hasta hoy, los terroristas han asesinado a 12 miembros del PP; 8 del PSOE y 2 de UPN.

En el año 1996, el 6 de febrero, moría a manos de ETA el dirigente histórico del PSOE, Fernando Múgica, también de un tiro en la cabeza, al igual que Gregorio Ordóñez.
El mismo método que utilizaron los terroristas para asesinar el 12 de julio de 1997 al concejal del PP en Ermua, Miguel Angel Blanco, -después de haberle secuestrado dos días antes para exigir al Gobierno que acercara a los presos de ETA al País Vasco- y el 11 de diciembre al también concejal popular José Luis Caso, que fue asesinado en Irún.

La banda continuó con esta escalada de atentados contra políticos en 1998, duplicando sus víctimas al asesinar a cuatro concejales, tres del PP y uno de UPN: José Ignacio Uretagoyena, Alberto-Jiménez Becerril -junto a su esposa-, Tomás Caballero y Manuel Zamarreño.
Sin embargo, el peor año fue el 2000, cuando los terroristas asesinaron a 8 políticos, cinco del PP y tres del PSOE. Los primeros fueron: el concejal de Durango Jesús María Pedrosa; el conejal de Málaga José María Martín Carpena; el concejal de Zumárraga, Manuel Indiano; el conejal de Sant Adriá del Besos (Barcelona), José Luis Casado y el concejal de Viladecavalls, Francisco Cano.

sábado, 13 de mayo de 2017

Elegía a Antonio Molina Martín





Goyo Martínez da voz a las víctimas del terrorismo en "Pido la palabra"


Clama contra el olvido. Nos marca el camino recto de los derechos humanos, cuya violación nunca debería ser justifi cada. Cada libro de testimonios de las víctimas del terrorismo clama contra la desmemoria y la frivolidad a la hora de enjuiciar la cruel vulneración de los derechos humanos que realizan los fanáticos terroristas. Sabemos ahora, porque durante mucho tiempo no se supo colectivamente, que “cada atentado deja una huella imborrable de sufrimiento”, como afirmó de forma extraordinaria el profesor Reyes Mate. Este libro recoge retazos de la vida difícil, muy difícil, de los afectados directos y de seres queridos de las víctimas –siempre inocentes- después de un atentado terrorista. El libro, es sobre todas las cosas, un testimonio de ejemplos de superación personal y de amor, doloroso y profundo amor.

Monumento a las víctimas de ETA en Pamplona.                             

miércoles, 10 de mayo de 2017

Artesanos de la paz


ETA asesinó a más de 800 personas hasta que decidió abandonar las armas. Pero además de matar, ETA y Batasuna, su brazo político, crearon un lenguaje plagado de neologismos, eufemismos y circunloquios para disfrazar sus crímenes.
Este neolenguaje orwelliano tendía a culpabilizar a las víctimas y glorificar a los verdugos, que se presentaban como héroes que luchaban por el pueblo vasco.

La izquierda abertzale sigue todavía haciendo lo mismo y ha acuñado la expresión "artesanos de la paz" para designar a los comparsas que quieren convertir la entrega de las armas en un acto de propaganda de la banda.

Ni son artesanos ni sirven a la paz porque, al mantener el discurso de que estamos ante una generosa decisión de la banda, ocultan lo esencial: que ETA sigue sin pedir perdón por sus asesinatos y que el Estado ha derrotado a una organización violenta que sembró el terror en la sociedad vasca.

Sin embargo, PSOE y PNV han comprado esa propaganda de los cómplices de la banda, asumiendo que estamos en la culminación de un proceso de paz cuando lo que se va a producir es la rendición de unos pistoleros.

No hay, ni ha habido ni habrá jamás, la menor justificación para un grupo de personas que decidió exterminar a quienes no pensaban como ellos y que se arrogaron el derecho sobre la vida y la muerte.
Lo que vamos a asistir en las próximas horas no es a la entrega de unas armas oxidadas y unos explosivos enmohecidos sino a una batalla por el relato de lo que ha pasado en el País Vasco en los últimos 40 años.

ETA pretende ganar en el terreno de la retórica lo que ha perdido en el frente policial, haciendo de la necesidad virtud. Pero nadie con un mínimo de honestidad intelectual se puede tragar a estas alturas el discurso de una banda que se autodefine en su último comunicado como «una organización revolucionaria de liberación nacional». ¿A quien ha liberado con sus bombas, los tiros en la nuca, los secuestros y sus chantajes a los empresarios?

En un ejercicio de manipulación digno de Goebbels, ETA quiere hacernos creer que los verdugos representan "la paz y la libertad", mientras que sus víctimas eran los enemigos del pueblo vasco. Su intento de criminalizar al PP es una ofensa a la inteligencia y a la memoria de quienes fueron aplastados por no plegarse a sus designios.

Aunque parezca obvio, hoy es más necesario que nunca recordar que los etarras, cuando podían defender sus ideas de forma democrática, optaron por el terror como método de acción política. Y ello hizo un daño irreparable a personas que vieron destrozadas sus vidas.

Esto es lo esencial. Jamás he podido leer o encontrar una mínima explicación convincente de la decisión de ETA de matar en lugar de hacer política en una democracia parlamentaria. ¿Por qué no abandonaron las armas en la Transición cuando era evidente que no era necesaria la violencia para reivindicar la vía independentista?









martes, 9 de mayo de 2017


A las seis de la mañana del 9 de mayo de 1978 el guardia civil MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, acompañado de otros tres compañeros, entre ellos su hermano Francisco, resultó herido de gravedad en un atentado perpetrado por miembros de la banda terrorista ETA en Pamplona. Regresaban de realizar un servicio en la estación de Renfe en la capital navarra y se dirigían en un vehículo oficial hacia la Comandancia del Instituto Armado.

Cuando se encontraban cerca de los Jardines de la Taconera explotó una bomba depositada junto a una farola que fue activada a distancia. La explosión arrancó de cuajo la farola y levantó varios metros de bordillo de la acera. La carga -unos cinco kilos de Goma 2- destrozó materialmente el Land Rover de la Guardia Civil, afectando principalmente la parte delantera y lateral.

Resultaron heridos, además de Manuel, el cabo 1º de la Guardia Civil Juan Díez Resano, de 29 años, natural de Carcastillo (Navarra) y casado; Agustín Hernández Martín, de 31 años y natural de Villasbuenas (Salamanca); y el hermano de Manuel, Francisco López González, cacereño de 27 años, casado y con un hijo. Fueron atendidos por otros cinco guardias civiles fuera de servicio que, en el momento del atentado, se encontraban por la zona en otro automóvil. Ellos mismos trasladaron a Manuel al Hospital Provincial. La metralla le había alcanzado la artería aorta y se encontraba en estado muy grave. A pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció pocas horas después.

Su capilla ardiente se instaló en el cuartel de la Guardia Civil de Pamplona. ETA reivindicó el atentado manifestando "su firme decisión de poner todos los medios militares a su alcance, para evitar que el pueblo trabajador vasco se vea imposibilitado a acceder a la verdadera democracia política". A día de hoy no se sabe quién asesinó a Manuel.

El 10 de mayo se ofició un funeral en la Iglesia de los Paules de Pamplona, al que asistieron el subdirector general de la Guardia Civil, el capitán general, gobernadores civil y militar y otras autoridades. Al finalizar, unas mil personas se manifestaron bajo la pancarta "No más muertos de ETA". Los manifestantes portaban banderas españolas y corearon gritos de "Unidad nacional" y "ETA cobarde". En la plaza del Castillo apedrearon la sede del PNV y en el Ayuntamiento exigieron que la bandera se pusiera a media asta.

Posteriormente hubo incidentes gravísimos en el Casco Viejo protagonizados por grupos de la izquierda radical que posteriormente darían lugar al nacimiento del grupo terrorista Iraultza (Revolución). Este grupo terrorista acercaría posturas políticas con ETA y Herri Batasuna en los ochenta. Los radicales se agruparon en el barrio de La Chantrea, donde cruzaron coches y autobuses y apedrearon a la Policía. Otro grupo de personas, esta vez de extrema derecha, con las caras cubiertas y porras, se enfrentaron a los anteriores. En total se produjeron unas cincuenta detenciones.

 Durante los enfrentamientos fue reconocido por radicales de izquierda Juan Eseverri Chavarri, subteniente de la Guardia Civil, que iba de paisano. Fue literalmente cosido a puñaladas y pateado en la calle Chapitela. Recibió más de diez puñaladas en tórax, cuello y mano y falleció el 17 de mayo. También resultó herido en los incidentes el agente de policía José Martín, que fue atacado por un grupo provisto de barras y objetos contundentes con los que le produjeron diversas heridas y la fractura de una pierna.

Manuel López González tenía 23 años y era natural de Cáceres. Llevaba sólo un año en la Guardia Civil y se iba a casar el mes siguiente con su novia, natural de Pamplona.




La noche de ese mismo 9 de mayo de 1978 la banda terrorista ETA ametralló un Land Rover de la Guardia Civil que prestaba servicio de protección al acuartelamiento de Intxaurrondo en San Sebastián. El vehículo, con cuatro agentes en su interior, realizaba una patrulla por los alrededores de las dependencias de la Guardia Civil. Al pasar por las cercanías del cementerio de Polloe, el Land Rover fue ametrallado por dos terroristas que dispararon desde una tapia de unos tres metros de altura que se encuentra junto a la carretera. Como consecuencia del tiroteo resultaron gravemente heridos el conductor del vehículo, JUAN MARCOS GONZÁLEZ, que fallecería poco después de ingresar en un centro sanitario, y Miguel Ángel Íñigo Blanco, que lo haría seis días después, el 15 de mayo.

En el lugar del atentado se encontró gran cantidad de casquillos de bala tipo parabellum. Los etarras huyeron a través del cementerio hacia la parte trasera, de fácil acceso a la autopista, desde donde emprendieron la huida en un vehículo que les esperaba.

Los otros dos agentes también resultaron heridos. Juan Jiménez Bermúdez, de Corite (Sevilla), tenía 23 años; y José Amado Juan, natural de Huelva, tenía 22 años. A pesar de las heridas, consiguieron saltar del vehículo y repeler la agresión.

En 1982 fueron condenados por este atentado los miembros del grupo Xenki de ETA Antonio García del Molino e Ignacio Apilañez Olalde a 50 años de cárcel cada uno. En la sentencia se establece que ambos estuvieron vigilando durante veinte días el recorrido de un Land Rover de la Guardia Civil. El 9 de mayo se ocultaron junto a la tapia del cementerio de Polloe en torno a las 23:00 horas de la noche. Cuando vieron que pasaba el vehículo con los cuatro agentes, los etarras abrieron fuego disparando varias ráfagas.

Juan Marcos González era de Llanes (Asturias). Tenía 20 años y estaba soltero. Su padre también fue miembro de la Guardia Civil, igual que uno de sus hermanos. Llevaba un año destinado en San Sebastián y estaba a la espera de conseguir el traslado a Galicia. La madre de Juan, María González Rodríguez, se enteró del asesinato de su hijo en su casa de Sarriá (Lugo). En febrero de 2007 recordaba en declaraciones a El Correo que hizo el viaje a San Sebastián por su cuenta "en un taxi que nadie me pagó. Nadie nos arropó, cuando llegamos nos encontramos la caja, nada más". Tiempo después falleció el hermano de Juan, "seguramente a consecuencia de aquello, porque siempre lo tuvo presente en la cabeza", señaló la madre.




A las nueve de la noche del 9 de mayo de 1980 ETA asesinaba en Santurce (Vizcaya) al policía nacional ANTONIO MORENO NÚÑEZ. Antonio se dirigía a su domicilio en Bilbao tras terminar su jornada laborar en la comisaría de Santurce. Circulaba por la calle Cervantes y, al llegar a la altura de la plaza de Vázquez de Mella y detener el vehículo, tres encapuchados que viajaban en otro coche lo acribillaron a balazos.

Antonio fue alcanzado por cinco impactos, uno de ellos en la cabeza. Su coche presentaba varios impactos de bala. Los disparos fueron escuchados por los miembros de una patrulla policial que se encontraba cerca. Cuando llegaron, no pudieron hacer nada por su vida. Los tres terroristas se dieron a la fuga en un vehículo que había sido sustraído a punta de pistola en el barrio de Repelega de la localidad vizcaína de Portugalete.

El cadáver del policía nacional fue trasladado al depósito del Hospital Civil de Bilbao, y la capilla ardiente se instaló en el cuartel de la Policía Nacional de Basauri. El funeral se celebró al día siguiente con la presencia del delegado especial del Gobierno en el País vasco, general Sáenz de Santamaría, y los gobernadores civil y militar de Vizcaya.

Concluido el acto religioso, el féretro fue llevado a hombros por varios compañeros de la víctima hasta el furgón fúnebre, que partió con destino al aeropuerto de Sondica para su posterior traslado, por vía aérea, hasta Málaga. De ahí, fue conducido por carretera a Gaucín, donde recibió sepultura.
ETA reivindicó la autoría a través de una llamada telefónica al diario Egin.

Antonio Moreno Núñez tenía 24 años. Estaba soltero y era natural de Cortes de la Frontera (Málaga). Estaba destinado en Bilbao, donde vivía con su madre, desde dos años antes de su asesinato. Prestaba servicio en la comisaría de Santurce.




El 9 de mayo de 1991, nueve horas antes de que diera comienzo la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo, ETA asesinaba en Ortuella (Vizcaya) al guardia civil FRANCISCO ÁLVAREZ GÓMEZ mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su vehículo.
Solía ir con su cuadrilla de amigos a un bar próximo a la estación de Renfe. Aquel jueves, al salir del bar y subirse a su coche, se activó el mecanismo de la bomba lapa. Eran las 15:00 horas. La violenta explosión arrancó de cuajo el techo del vehículo y lanzó el cuerpo del agente hacia las vías del ferrocarril, a varios metros de distancia de su coche. Vecinos del pueblo y un concejal socialista se enfrentaron a voluntarios de la Cruz Roja ante su negativa inicial a mover al herido, alegando que necesitaban el dictamen de un médico. Francisco fue conducido en una ambulancia al Hospital de Cruces, en Baracaldo, donde ingresó cadáver a las 15:20 horas, según informó una portavoz del centro médico.

La junta de portavoces del Ayuntamiento acordó retrasar 24 horas el comienzo la campaña electoral, prevista para las 12 de la noche de ese día. Los representantes municipales, en ausencia del portavoz de Herri Batasuna, decidieron también suspender durante el fin de semana las fiestas patronales. La ejecutiva de Vizcaya del PNV señaló que ETA había comenzado su campaña electoral "de la única forma que acostumbra, sembrando el dolor y la sangre".

En 1994 la Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas al miembro de la banda terrorista ETA Jesús María Mendinueta Flores. El etarra reconoció ser miembro del grupo Vizcaya de ETA, pero negó su participación en el asesinato del agente Álvarez Gómez. En las fichas policiales de las Fuerzas de Seguridad del Estado figura que el etarra que presuntamente colocó la bomba-lapa fue Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi. Para ello contó con la información aportada por el etarra Juan María San Pedro Blanco, alias Jon,  detenido el 6 de junio de 1991 cuando se disponía a colocar otra bomba lapa en el vehículo de un policía. Cuatro años después, vencido el período máximo de prisión provisional, fue puesto en libertad y se dio inmediatamente a la fuga. Fue detenido de nuevo, esta vez en Francia, en marzo de 1999. En 2004 fue extraditado a España.

Francisco Álvarez Gómez tenía 38 años. Era de La Albuera (Badajoz), donde una calle lleva su nombre. Vivía en el País Vasco desde veinte años antes de ser asesinado. Estaba casado con una vecina de Ortuella, localidad de tradición minera, y allí nacieron sus dos hijos, de 9 y 15 años cuando mataron a su padre. Estaba adscrito al Servicio de Vigilancia Fiscal de la Guardia Civil y prestaba servicio en el Puerto de Bilbao. Su padre también había sido agente de la Benemérita.




Dos días después del asesinato en Pamplona del concejal de UPN Tomás Caballero, el 8 de mayo de 1998, un etarra disparaba en la cabeza al subteniente retirado de la guardia civil, ALFONSO PARADA ULLOA. Trasladado por una UVI móvil al Hospital Txagorritxu murió la madrugada del día siguiente, 9 de mayo. El disparo entró por su sien izquierda y salió por la derecha y, aunque en un primer momento los equipos de urgencias del hospital vitoriano barajaron la posibilidad de una intervención quirúrgica, finalmente la descartaron dada la gravedad de la herida.

Alfonso Parada fue tiroteado a escasos metros de su domicilio por un individuo joven que le disparó a la cabeza a corta distancia. Eran aproximadamente las dos de la tarde. El atentado se produjo en la calle de las Juntas Generales, donde vivía la familia Parada Ulloa, y a menos de cien metros de la comisaría de la Ertzaintza.

El dueño de una tienda situada a escasos metros del lugar del atentado avisó por el portero automático a la familia del herido. Su hijo bajó de inmediato y se mantuvo agachado junto al cuerpo de su padre hasta la llegada de la UVI móvil que le trasladó al hospital. El nieto de la víctima, que se encontraba jugando cerca del lugar del atentado, también presenció la imagen de su abuelo herido y tirado en la calle. El niño iba a hacer la primera comunión el fin de semana siguiente.

La capilla ardiente por el subteniente asesinado se instaló al mediodía del 9 de mayo en la Subdelegación del Gobierno. En ella permaneció unos minutos el presidente del Gobierno, José María Aznar, que había acudido a Vitoria para arropar a Carlos Iturgaiz en su presentación como candidato del PP a lehendakari. Acompañaban a Aznar los ministros de Trabajo, Javier Arenas; Interior, Jaime Mayor, y Agricultura, Loyola de Palacio, además de varios altos cargos.

El pleno que celebró el Ayuntamiento de Vitoria por la mañana para convocar la manifestación y decretar el duelo oficial tuvo momentos tensos. El portavoz del PP, Alfredo Marco Tabar, amigo íntimo de la víctima, fue el más duro con los ediles de HB. "Mientras no oiga de vuestros labios una expresión no ya de condena, pero al menos de lamento, no oirás de los míos otras que el desprecio y no volveré a escuchar las tuyas", le espetó al edil de Batasuna José Enrique Bert. Cuando el portavoz radical fue a intervenir, los populares y los del PSE y UA se volvieron de espaldas. Todos los grupos mostraron su indignación e insistieron, sin resultado, en que HB pronunciase una condena. Cuando el alcalde, José Ángel Cuerda (PNV), ordenó traducir al castellano las palabras en euskera de Enrique Bert, los populares dejaron la sala.

Ese mismo 9 de mayo centenares de ciudadanos de toda España salieron una vez más a la calle para mostrar su repudio y su condena por los últimos atentados de ETA. Unas 35.000 personas, según fuentes de la Policía Municipal, recorrieron el centro de Vitoria tras celebrarse el funeral por el alma de Alfonso Parada. El llamamiento efectuado por la mañana por el Ayuntamiento de la ciudad encontró la respuesta masiva de los ciudadanos. El lehendakari, José Antonio Ardanza, recibió críticas por no participar ni en la manifestación ni en el funeral, alegando que tenía que estar presente en la marcha contra el trabajo infantil, que ese mismo día llegaba a Vitoria. No obstante en representación del Gobierno vasco acudió el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, quien estuvo acompañado por varios ministros, entre ellos el de Interior, Jaime Mayor Oreja. Una pancarta con la leyenda en euskera y castellano "Nahikoa da. Bakea nahi dugu" (Basta ya. Queremos la paz) encabezaba la manifestación. En varias fases, los ciudadanos rompieron el silencio para gritar "ETA mata y el diálogo remata" y "No son vascos, son asesinos". En Madrid, Sevilla, Zaragoza, Gijón, Valencia, Burgos y otras ciudades se celebraron concentraciones silenciosas encabezadas por presidentes autonómicos, alcaldes y dirigentes de todos los partidos políticos democráticos.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) criticó ese mismo día al presidente del Gobierno, José María Aznar, por "lanzar ofertas de generosidad a los terroristas". Luis Delgado, secretario general de la asociación, criticó además al PNV por mantener contactos con Herri Batasuna y denunció que, a juicio de la AVT, hay "víctimas de primera y de segunda. Para unas la clase política sale, se manifiesta y arropa a la familia o a la víctima, y en otros casos apenas reciben el apoyo obligatorio por parte de los dirigentes de este país", afirmó.

En 2002 la Audiencia Nacional condenó a José María Novoa, Igor Martínez de Osaba Arregui y Alicia Sáez de la Cuesta a 29 años de prisión como autores materiales del asesinato de Alfonso Parada. El autor del disparo mortal fue Igor Martínez de Osaba, mientras Alicia Sáez de la Cuesta le cubrió en la acción. José María Novoa les esperaba en un coche para emprender la huida.
Alicia Sáez de la Cuesta fue también condenada por el intento de asesinato del entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. Ella y la etarra Nerea Garaizar San Martín tenían previsto realizar el atentado mediante la utilización de un coche-bomba. Su detención a finales de marzo de 2001 impidió que el mismo se llevase a cabo.

Alfonso Parada Ulloa de 62 años, era subteniente en la reserva de la Guardia Civil y amigo del portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Vitoria, Alfredo Marco Tabar. Su nombre había aparecido en varias listas intervenidas a grupos etarras desarticulados, circunstancia de la que Alfonso estaba informado. Sus vecinos desconocían si adoptaba alguna medida de autoprotección, aunque sí señalaron que mantenía "costumbres muy fijas", entre ellas la de salir a primera hora de la tarde y desplazarse hasta una localidad en las afueras de Vitoria para dedicarse a su afición: el cuidado de los pájaros. Era natural de La Melide (La Coruña) aunque vivía en Vitoria desde 1976. Estuvo destinado como comandante del puesto del Abetxuco, y desde 1986, en el cuartel de Sansomendi, en la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos. Tres años antes de ser asesinado había pasado a la reserva. Estaba casado y tenía un único hijo, Nacho, de 32 años, que trabajaba como vigilante jurado, y un nieto de corta edad.